Título VII
Delitos contra Funcionarios Públicos
ART 55: Insultar a funcionario público
Tipifica como falta insultar a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, utilizando palabras o gestos ofensivos que afectan su dignidad. Esta conducta obstaculiza el desarrollo de su labor y está sujeta a una multa de $100.000.
ART 56: Desacato a la autoridad
Establece como falta el desacato a la autoridad, que implica resistirse, faltar al respeto o desobedecer las órdenes legítimas de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Esta conducta afecta la autoridad y el orden público y está sujeta a una multa de $125.000.
ART 57: Resistirse al arresto
Tipifica como falta la resistencia al arresto, que abarca acciones como oponerse o intentar evitar ser detenido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones legales. Esta conducta obstruye la labor de las autoridades y está sujeta a una multa de $50.000.
ART 58: Huir de la policía
Establece como falta el intento de huir o evadir a la policía con el fin de evitar ser detenido o identificado. Esta conducta obstaculiza la acción de las autoridades y está sujeta a una multa de $30.000.
ART 59: Falso testimonio
El artículo 55 establece como delito el falso testimonio, que consiste en declarar falsamente o mentir en un proceso judicial o administrativo, afectando la búsqueda de la verdad y la justicia. Esta conducta está sujeta a una multa de $75.000.
ART 60: Impago de multas
El artículo 56 tipifica como delito el impago de multas impuestas por autoridades competentes, lo cual constituye una falta de cumplimiento de las obligaciones legales. Esta conducta está sujeta a una multa de $100.000.
ART 61: Lavado de dinero
Tipifica como delito el lavado de dinero, que implica ocultar, encubrir o disfrazar el origen ilícito de fondos o bienes provenientes de actividades delictivas, con el fin de darles apariencia de legalidad. Esta conducta está sujeta a una multa de $2.000.000.
ART 62: Corrupción en el sector público
Este artículo tipifica como delito la corrupción en el sector público, que abarca el soborno, la malversación de fondos, el tráfico de influencias y otras conductas ilícitas realizadas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Esta conducta está sujeta a una multa de $2.500.000.
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